Mediante Resolución 20231000173785 del 2 de marzo, previo concepto favorable de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, la Superintendencia de Servicios Públicos intervino este viernes la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, porque no está en capacidad de garantizarle los servicios a sus usuarios y acumula deuda por $30.000 millones.

La toma de posesión fue liderada por el superintendente Dagoberto Quiroga, quien indicó que la medida fue concertada con la administración municipal, la empresa, los sindicatos y otros sectores.

Según Quiroga, la prestación de los servicios públicos se encuentra en inminente riesgo debido a la crítica situación financiera, comercial, técnico-operativa y administrativa de la empresa que tendrá como gerente interventor a Germán Ernesto González Leal.

El objetivo de la toma de posesión es preservar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a los cerca de medio millón de habitantes de Valledupar, con fundamento en la Constitución Política y la Ley 142 de 1994, declaró Quiroga.

La resolución de la superintendencia indica que la empresa está incursa en las causales 59.1 y 59.7 de la Ley 142 de 1994, relacionadas con la incapacidad para prestar los servicios, y la suspensión o riesgo de suspensión del pago de sus obligaciones mercantiles.

Sobre el estado actual de Emdupar, la Superservicios informó que en materia financiera no cuenta con liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones a largo plazo.

También registra un nivel de endeudamiento cercano al 36,5%, al cierre de 2021; al tiempo que su rentabilidad neta fue negativa (-9,56%). Se calcula que posee deudas por alrededor de los $30 mil millones que incluyen pagos pendientes a proveedores, pasivos laborales atrasados, deudas por impuestos y compromisos con Corpocesar, la CRA y la Superservicios.

A lo anterior se agrega una deficiente prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a lo que se suman incumplimientos recurrentes en la gestión de los componentes financiero, comercial, tarifario, técnico-operativo y administrativo que conllevan a un riesgo inminente en su prestación, en el corto y mediano plazo.

“La empresa tiene inversiones pendientes por ejecutar por más de $ 97 mil millones, ya que ha utilizado los recursos para cubrir sus costos y gastos de operación y administración”, agregó.

El agente interventor, Germán González Leal, deberá estructurar un esquema de solución empresarial.

Mientras tanto, se ordenó la suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión.